Personajes Alfonso Diez |
Florence Cassez está sentenciada en México a cumplir una pena de 60 años
de prisión por el delito de secuestro. Su abogado en Francia, Frank Berton,
declaró a la periodista Anne Marie Mergier, de la revista Proceso, su molestia
por la lentitud con que se desempeña la Comisión Binacional que se formó para
decidir sobre una posible transferencia a Francia de la condenada y amenaza con
acudir ante la justicia de ese país para demandar al secretario de Seguridad
Pública mexicano, Genaro García Luna, por modificación y falsificación de
pruebas.
El pasado 12 de marzo este “Personajes” estuvo dedicado al tema de
Cassez (Cabos
sueltos en el caso Florence Cassez) y una de las
conclusiones del que escribe fue que Genaro García Luna debe ser sancionado por la ley penal, como lo señala
el artículo 16 constitucional, debido a que retuvo 24 horas a los
secuestradores, incluida Florence, para efectuar un montaje dedicado a las
televisoras. El artículo 16 dice que “La
autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna
y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal”. Pero la ley penal mexicana no ha hecho
nada contra el titular de Seguridad Pública.
En esto se basa el abogado Berton para amenazar con su demanda a García
Luna. Estará en México el próximo 27 de abril y hasta el 2 de mayo y quiere, en
consecuencia, ser recibido por el secretario ¿Para negociar? ¿Para presionar a
las autoridades mexicanas?
En el “Personajes” del 12 de marzo, expusimos que “el problema es que uno de los puntos del tratado establece que el mandatario que solicita el
traslado de su connacional puede
indultar, amnistiar o conmutar la pena que le hayan fijado en el país de
donde procede (en este caso, de México) y como en Francia la pena máxima en
prisión es de 20 años, la impuesta a Florence por la justicia mexicana, de 60
años, le podría ser conmutada por la anterior. Pero lo peor es que si le
aplican alguna ley de liberación podría salir
en 10, por buena conducta. Esto, claro, si antes no la indulta el
presidente Sarkozy”.
Florence tiene
todavía varios recursos por ejercer ante las leyes mexicanas, pero su posible
transferencia a Francia, basada en la aplicación del tratado, dejó de lado, por
el momento tal ejercicio.
Posibles escenarios
México puede simplemente negarse a entregar a Cassez, sin violar el
Tratado de Estrasburgo, que contempla tal posibilidad, pero esa posición no
parece que sea la que se adopte, en virtud del compromiso de Calderón con
Sarkozy, de sujetarse a la decisión de la Comisión Binacional, que cuenta,
entre sus integrantes, con el procurador general de París, Jean Claude Marin, y
con el embajador de Francia en México, Daniel Parfait, además de los mexicanos
cuyo nombre se desconoce.
En días pasados parecía que la comisión
había tomado la decisión de no transferir a la francesa, pero como la
resolución final depende del acuerdo entre los mandatarios de ambos países, la
parte francesa expuso alguna objeción y hubo marcha atrás en el anuncio, que
probablemente se emitirá a finales de este mes de abril.
En México, diversas personalidades y
asociaciones se han manifestado opuestas a que se permita el traslado de
Florence a Francia, mientras que en este país las manifestaciones han sido
multitudinarias a favor de que su compatriota salga de México.
Una decisión de la comisión contra el
traslado le daría puntos a favor ante la opinión pública al presidente
Calderón, mientras que la favorable a la transferencia se los daría en contra y
ocasionaría múltiples protestas. Al presidente Sarkozy le sucedería
precisamente lo contrario ante ambas decisiones.
¿Qué debe entonces prevalecer? La
justicia, desde luego, pero si el tratado aludido permite a las partes que la
sentenciada cumpla la condena en su país, tal vez lo ideal sería el compromiso entre los mandatarios para que, una vez en
Francia, Cassez no sea indultada.
Mergier preguntó al abogado Berton, en la
entrevista señalada, que por qué insistía en llevársela (y Florence en irse) si
allá tendría que cumplir por lo menos 10 años en prisión, mientras que en
México, de ser inocente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia tardaría
como máximo un año y medio y el francés respondió: “El hecho de que esté
dispuesta a sufrir eso, a pesar de saberse inocente, da la medida de su
desesperanza”. Esto no es creíble.
La realidad es que Florence y sus
abogados, en México y Francia, saben que de recurrir a la suprema corte, las
posibilidades de que se revierta la sentencia condenatoria son escasas. Berton
cree, como ya vimos, que presionando a García Luna puede lograr su objetivo,
pero es evidente que el secretario de Seguridad Pública no puede hacer nada
para cambiar la sentencia de Cassez, por mucho que lo presionen. Si se siente
con el agua al cuello, tendría que pedirle al presidente Calderón que acepté la
transferencia a Francia, para evitar el escándalo que significaría un juicio
contra su persona en ese país y aquí es donde la cuerda podría reventarse:
¿Aceptaría Calderón presionar a la parte mexicana de la Comisión Binacional
para que cedan ante la francesa? ¿O sacrificaría a un secretario que ha
sostenido hasta ahora, a pesar de las múltiples acusaciones que ha recibido en
su contra, por diversos posibles delitos, para respaldar el posible fallo adverso
a Cassez de la comisión?
¿Cuál fue el motivo verdadero para que el
pasado 15 de abril no se reuniera la comisión?
A la duda acerca de si Cassez será
transferida o no a Francia, se suma ahora la duda respecto al futuro de un
secretario de Seguridad Pública que ya ha causado muchos dolores de cabeza a su
jefe, el Presidente de la República. Pero su renuncia solamente, con la
intención de dejar las manos libres a Calderón, no evitaría la demanda de Berton.
Lo que parecía un “simple” caso de
secuestro y la condena de los acusados, se ha complicado por la actuación
ilegal del secretario García Luna y por la intervención del gobierno francés,
en apoyo de su connacional.
La pregunta no es quién ganará, sino cómo
se manejarán los entretelones de un caso policíaco que ya trasciende los
límites de la esfera judicial mexicana.
Los que protestan en México no quieren
que la absolución de una condenada por secuestro sirva de ejemplo negativo a
otros delincuentes y los que lo hacen en Francia creen que, efectivamente, ella
es inocente, porque la enorme publicidad generada por los medios de información
franceses así se los ha hecho creer.
¿Es o no inocente? Lo cierto es que la justicia mexicana analizó a fondo las pruebas a favor y en contra en un juicio justo y la condenó. ¿Las manipulaciones de García Luna deberían pesar en el caso a favor de Cassez? Los juzgadores decidieron que no y aquí cometieron un error, porque el secretario, no cabe duda, es culpable.
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